Parece que al Ayuntamiento de Barcelona le ha dado por practicar y poner en marcha una política discriminatoria contra el automóvil, que por cierto, es del que los organismos públicos obtienen sabrosos impuestos por todas las vías (circulación, gasolina, IBI de los parkings y garajes, etcétera).

No estoy en contra del uso de la bicicleta, pero sí creo se les deben exigir las mismas condiciones de circulación que al resto de los vehículos, como pueden ser conocimientos contrastados del Código de Circulación, seguro obligatorio de responsabilidad y, por qué no, la colaboración económica, como hacemos el resto de los usuarios de la vía pública. Mientras eso suceda, considero que existe de hecho un grave agravio comparativo respecto de otros usuarios de la misma vía pública.

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